Cada palabra tiene sus consecuencias. Cada silencio también
Jean Paul Sartre
Por Lilia Ovalle
La historia cobra real relevancia cuando se tiene claridad sobre el hecho de que es posible que a través de instancias gubernamentales se haga hasta lo indecible para sepultarla en miles de fojas y decenas de kilos que suman apenas un expediente que establece sin grandes pormenores el delito de desaparición forzada contra una, tres o más personas.
Ello debería ser una tema de preocupación o urgencia nacional cuando los datos oficiales refieren que en este 2021 México suma más de 90 mil desapariciones de personas, algunas de manera forzada y otras consideradas como no localizadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, son las familias acompañadas por activistas y defensores de derechos humanos las que emprenden las búsquedas, obligando a las autoridades a dar respuestas. Y también son las que insisten en que la historia debe ser contada del pasado hacia el presente pues de otra forma se obligaría al olvido al evitar combatir el rezago en cuanto a los casos.
Más aún, lo puntualizan: si los funcionarios que hoy acompañan en la exhumación de cadáveres se empeñan en realizar sólo tareas en el día a día, jamás van a acabar porque el tiempo lo devora todo y ellos quieren que se empiece a buscar a sus familiares porque ya no queda más tiempo qué perder.
El panteón de Torreón
En julio pasado se realizaron labores para la exhumación de cuerpos confinados en las fosas comunes de los panteones de los municipios de Torreón y Matamoros, reuniéndose familiares que buscan desde la frontera que hace el municipio de Piedras Negras con los Estados Unidos, o desde el Estado de México, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas o la frontera sur en Chiapas.
Hospedados en el mismo hotel, policías estatales, activistas, trabajadores sociales y otros interesados se movilizaron junto a las familias para iniciar las exhumaciones. Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, arribó a la ciudad junto con su equipo para documentar el proceso. Y sostuvo una conversación en exclusiva con Pata de Perro.
-¿Están hospedados junto a los policías?
-Siempre los ponen y siempre lo hacen. El día de las elecciones (6 de julio) me dije: ‘En la madre, aquí estamos más inseguros por las camionetas, los carros blindados, los rinos’.
Junto a ella se encuentran familiares y activistas que en plena búsqueda se han reconocido como víctimas de un mismo dolor. Humberto Morales es trabajador social y colabora con la asociación Familias Unidas. Él inició la búsqueda de familiares directos, entre ellos su propio padre.
Al preguntarles cuántas denuncias podrían estar en proceso donde se señale la participación de agentes policiacos, Humberto responde que al leer algunos expedientes interpuestos por desaparición forzada, se ha dado cuenta de que los ministerios públicos intentan anular la actuación policial en los hechos relatados por los familiares.
-Por el apoyo que doy, luego me tocaba ir con los ministerios públicos y en un momento le comenté a uno: ‘Lic, pero en la entrevista inicial que tengo con esta señora, ella menciona que decía GATES la camioneta, y aquí en la denuncia usted no lo menciona… Sabemos que el estado falsea la información en algunos casos. Y en muchos casos antes de una denuncia se coloca un reporte de búsqueda que esperan desaparecer en un lapso de 24 horas, sin subir la información a la base de datos sobre desaparición forzada.
En suma afirman los activistas, al estado no le interesa reconocer la desaparición forzada porque implica responsabilidad. Por ello se refiere la desaparición por particulares o la privación de la libertad. Todo para no aceptar el ser parte en los hechos violentos que ocurrieron en el pasado inmediato y que persisten en baja intensidad en Coahuila.
Fuundec/Fundem
Mientras que Blanca Martínez les confirma a sus compañeros que ya les llegó el oficio para que inicien las exhumaciones en el municipio de Matamoros, se le pide que recuerde el tiempo en que fue invitada por el obispo Raúl Vera para colaborar en su proyecto pastoral en Saltillo.
-Fue en el año 2009 cuando el obispo me invitó por toda la bronca que estaba habiendo, particularmente de lo que llamaban levantones… Los primeros registros que llegaron al Fray Juan de Larios fueron de marzo de 2009 por el grupo de los vendedores de pinturas que desaparecieron en Piedras Negras, y después el segundo caso llegó en abril y fue por la desaparición de dos ingenieros veterinarios de Torreón. Y de ahí ya no paramos.
-¿Cuándo se tardaron en conformar a las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila?
-Ese mismo año pero en diciembre. Fueron llegando más casos y se dieron las condiciones para convocar las familias. Estábamos en plena guerra y estaba cabrón juntarse, no podíamos andar como ahorita en el panteón, ya nos hubieran tiroteado, y menos ahí. No nos hubieran dejado ni entrar.
-Esta estructura derivó para conformar un esquema nacional. ¿Cuántas desapariciones registran?
-Fray Juan de Larios tiene registradas alrededor de 500 datos de personas desaparecidas de las cuales cerca de 340 son en Coahuila.
-¿Cuál es la región más complicada?
-Va variando porque por ejemplo, en los años 2009, 2010 y 2011 la más complicada era La Laguna, después fueron variando con pequeños porcentajes de diferencia entre Piedras Negras y Saltillo. Son los tres grandes focos en la entidad y dependiendo de los años se iba viendo con mayor intensidad la violencia pero La Laguna siempre mantuvo un estándar, una punta que hacía meseta y escalaba poquito. La Laguna siempre ha sido la más complicada.
-Ahora que se piensa que hay un escenario diferente, ¿cómo ha sido la relación entre los defensores y el gobierno del estado? En cuanto al escenario de terror que mencionas en origen, en La Laguna se desató la violencia a partir del 2007.
-Más bien yo creo que hay que ubicarnos en el noreste porque en diciembre de 2006 es cuando Felipe Calderón le declara la guerra a la delincuencia organizada y esa fue una verdadera declaración de guerra.
Entró en 2007 en el noreste de manera particular y luego se convirtió… militarmente les llaman los escenarios de combate. Se convierte todo el noreste en un campo de batalla o escenario de combate que además era necesario controlar porque el noreste y La Laguna de manera particular, está ubicada geopolíticamente, históricamente, como un punto de tránsito para el control de fronteras.
La defensora da contexto. El control de La Laguna era fundamental para tener acceso al control de dos terceras partes de la frontera más importante toda vez que de la Comarca Laguna hacia Ciudad Juárez se hacía entonces un trayecto de entre 14 a 16 horas, y de la Comarca a Laredo al menos 12 horas. Así la región lagunera, que comparten municipios de Coahuila y Durango se convirtió en un territorio de control de la frontera.
-En el 2010 es cuando se da la escisión de los Zetas más formalmente pero eso implicó que todo el noreste se convirtiera en un campo de batalla donde todavía estamos viviendo las consecuencias. Y por eso en La Laguna, también por su referencialidad geopolítica, tiene características particulares de la violencia que además se debe pensar en Durango, ya ves, la Laguna se divide hacia la parte de Durango controlado por el cártel del Chapo, y de este lado, del oriente, por lo que era el cártel del Golfo.
La narcopolítica
El escenario de terror cimentado en la Comarca Lagunera a partir del 2007 y hasta finales del año 2013 convocó de origen al silencio y la dispersión social. Los primeros en literalmente cerrar su cortina de acero en el salón donde sesionaban y ofrecían conferencias de prensa, fueron los integrantes del entonces llamado Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.
Y si en ese sentido se presentaron doblegados y temerosos estos los hombres que siempre opinaron de asuntos sin importancia e incluso decidieron el destino de algunas inversiones, los ciudadanos se vieron obligados a tomar acciones de seguridad personal que consistían en salir a la calle a trabajar, estudiar, conseguir víveres o en atención de emergencias, pero que de inmediato volvían a sus casas.
El enemigo era fantasmal y al mismo tiempo común ante la permisividad institucional, siempre amenazante pues en un sitio cualquiera podía desatarse una balacera y ser parte de la estadística que consideraba daños colaterales. Esto en el mejor de los casos pues miles personas desaparecieron de manera forzada, estuvieran o no vinculadas al crimen.
Fue justo en julio del año 2014 cuando el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios realizó un dossier sobre las publicaciones que se realizaron en Facebook a través de Alerta Madero y Alerta Chávez, advirtiendo que las páginas fueron creadas en octubre del año anterior, redactadas por el usuario Alfonso Gon.
En ambos espacios se denunciaba “a la administración de los marrufo” y que la policía municipal colaboraba en forma directa con los zetas antes de que fuera desmantelada y después, con la dirección de Andrés Izaguirre. En suma se establecía que los narcos realizaban pagos mensuales de 50 mil pesos para los jefes policíacos y de 4 para los agentes de calle.
En las delaciones realizadas también se aseveró que Andrés Izaguirre hasta algunas propiedades prestó a la delincuencia organizada, e incluso que el entonces alcalde, David Flores Lavenant, en el tiempo más convulso para La Laguna, indicaron, fue también aliado, facilitando una granja avícola ubicada en el ejido San Agustín.
Ante estos hechos, la asociación civil integró el dossier que entregó a la Procuraduría General de la República, lo que propició que agentes federales acompañados por las Fuundec realizarán un operativo en el municipio de Francisco I. Madero, inspeccionando ocho pequeñas propiedades. Sin embargo, en ellas no se encontraron indicios de fosas clandestinas ni se realizó una detención.
Tras el operativo, en noviembre de 2014 el alcalde declaró a medios de comunicación que como autoridad coadyuvante se encontraba a disposición para colaborar con las indagatorias que realizaba el Mando Único para localizar a personas reportadas como desaparecidas, luego de que un par de meses su granja fue inspeccionada por agentes federales.
Asimismo destacó que en 2009 la corporación municipal vivió una depuración policiaca al tener indicios de que los agentes estaban comprometidos con el crimen. En ese hecho, dijo, también dos policías quedaron en calidad de desaparecidos y que incluso, él mismo fue una víctima tras haber padecido un secuestro.
Por ello, reiteró estar en la mejor disposición de colaborar en todo lo que requiriera la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas en Coahuila, así como los cuerpos policiacos que integraban el Mando Único.
-Fray Juan de Larios hizo un dossier donde se denunciaban fosas clandestinas en un predio particular del alcalde David Flores. Se hizo un operativo, a los medios de comunicación no les permitieron grabar y al final no se encontró nada en tanto que el ex alcalde sigue siendo parte de la estructura del gobierno de Miguel Ángel Riquelme, con una subsecretaría en la Laguna.
-Sí, y nada más la de Desarrollo Social. Es muy interesante. Para nosotros es muy importante el fenómeno de cooptación del territorio, tiene que ver obviamente con complicidades y colusiones. En Coahuila, formalmente, la Fiscalía del Estado reconoce aproximadamente a 2 mil 100 personas desaparecidas y hay una diferencia con el Registro Nacional que refiere más de 3 mil, nada más Coahuila. Nuevo León anda pegándole a los 5 mil y Tamaulipas como 7 mil, ocupa el primer lugar, no hay quien baje a Tamaulipas del triste y doloroso primer lugar de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, entonces todo el territorio, todo el noreste disputado por estos actores; no puede operar la delincuencia organizada si no está coludida con actores del estado y actores de relevancia política, de poder real como lo son también ciertos empresarios aunque tampoco generalizamos, y eso está más que demostrado. ¿Cuántos años estuvieron las familias denunciando al Mono Muñoz? Sin embargo en las denuncias de las familias que tenían y tienen a sus hijos desaparecidos aquí en La Laguna, advierten no sólo al Mono sino a otros tantos y hasta que no se da una coyuntura política donde hay que sacrificar a alguien, después de que liberan a Humberto Moreira en España y que agarran al Mono Muñoz, se ve la red de complicidad. Hay una intencionalidad de no investigar y no buscar porque buscando e investigando las desapariciones vas a dar con quienes tuvieron que ver con los delitos y ahí vas a tocar a altos funcionarios y no al policía de la esquina, que no se duda que también haya policías de las esquinas, o el tránsito o la que da las etiquetas, esos son los eslabones más débiles de la estructura, son los reemplazables, los consumibles. Entonces esto opera porque los niveles de intereses permiten que esto opere y por eso no investigan.
El clero y AMLO
El 30 de diciembre de 1999 el Papa Juan Pablo II lo nombró VI obispo de Saltillo y para el 20 de marzo del año 2000 tomó posesión de la capital en Coahuila. Desde entonces la figura del dominico Raúl Vera López ha sido decisiva para denunciar los fenómenos delictivos en la entidad y al mismo tiempo visibilizar a las víctimas. Y lo hizo partiendo de severas crisis ambientales o de asuntos laborales.
-¿El ejercicio del poder eclesiástico cómo ha determinado que se evidencie o no este tipo de violencia política y del narco?
-La idea es “Las iglesias” porque no sólo es la católica. Las iglesias históricamente, sus jerarquías, han jugado aliadas a los sistemas de opresión del pueblo y por eso han subsistido. No subsiste nada más por la fe del pueblo, la fe del pueblo es otra cosa, es el espíritu de su fe la que la mantiene viva, no hablo de esa creencia religiosa del pueblo sino de las jerarquías de las instituciones religiosas aliadas a los poderes reales y el norte, bueno es que todo el país, no sé, las confesiones religiosas obviamente en su mayoría son de un corte conservador y encubridor y durante años prefirieron jugar el rol que en muchos momentos de la historia las iglesias han jugado, que es el ocultar la violencia que comenten contra sus pueblos y yo creo que la iglesia, no sólo la del norte, la iglesia mexicana. Excepto aquí con Raúl Vera y Pedro Pantoja.
Incluso cuando las familias empiezan a organizarse, ahorita es otra cosa, pero en el 2007-2009 que las familias acudían a las iglesias, y yo entiendo que humanamente también desde pastoral, estaban en la mira, quizá no tenían cobertura, pero creo que la iglesia católica y todas las iglesias y confesiones no tomaron una postura a favor de las víctimas. Se escondieron en sus templos, siguieron disfrutando a la gente y dándoles gotitas “Por algo ha de haber pasado”, “Dios te tiene una gran prueba y por esto tú vas a soportar”. Ni madres, esa es una concepción de un dios demoníaco que necesita madrear gente para subsistir. Ese es un mecanismo de las iglesias evangélicas, estas que se dicen cristianas. Afortunadamente hay personas como Raúl Vera o Pedro Pantoja o un señor como Samuel Ruiz que deciden caminar con el pueblo y eso da posibilidad. La fe del pueblo va más allá de las figuras de los sacerdotes, monjas y monjes y pastores y pastoras alemanas.
A un paso de retomar sus actividades, se le pregunta a Blanca Martínez cuál es la percepción que tiene sobre la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
-Es mi punto de vista y no creo que en el tema tengamos un punto de vista común, pero me parece que Andrés Manuel sigue sosteniendo los pactos de impunidad. No ha querido tocar el tema y obviamente eso tiene costos. Los costos más fuertes en términos de proyecto ético-político son para el pueblo. Él podrá tener costos políticos, que no quedará con sus cinco estrellitas en su frente como quisiera pero al final del día quien sigue cargando la irresponsabilidad y la postura de seguir apostando por la impunidad no es para él, el costo no es igual, y tendrá que pagar la gente más jodida.
Lo que denuncian las compañeras en Pasta de Conchos, las minas, están de la chingada pero les siguen comprando el carbón para la CFE a pesar de haber denunciado la serie de arbitrariedades. La zona carbonífera, desgraciadamente, tiene esa cultura, la gente vive con la muerte. Duermen con la muerte y se hace aceptable.
La vinculación entre el crimen y los que toman decisiones es de una dialéctica perversa en términos ambientales, laborales, e inseguridad que genera una crisis de estado. Toca diferentes ámbitos y esferas que mantienen sinergias, que no necesariamente están planeadas. Ahora voy a tener el fracking en el norte y por eso voy a desaparecer a la gente. No, no es tan simple. Esa hipótesis yo la tendría que documentar más porque Coahuila es un estado enorme, tenemos tanta tierra y somos tan poquitos que no necesitan desplazar para poder hacer el quiebre. Con que compren 200 hectáreas tienen. En 2009 en Cuatro Ciénegas a los ejidatarios los despojaron de sus derechos ejidales y su dotación era de 80 mil hectáreas, y resulta que empresarios de Monclova les robaron sus derechos ejidales. Dime cuándo chingados un empresario dueño de medios de comunicación que invierte para la explotación del gas shale, que invierten para la explotación de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos, por qué chingados va a ser ejidatario. Pero lo vemos en General Cepeda y en Parras con la pugna por el agua; no necesitan desplazar a la gente o quitarles la tierra porque les hacen contratos de servidumbre de paso donde rentan a una ganga trastocando el medio ambiente. Es por ello que hay una historia de lucha y de resistencia pese a todo.
