La tragedia en el Colegio Cervantes que le costó la vida a una maestra y un menor de edad que abrió fuego contra ella, otro profesor y cinco compañeros, para después suicidarse, cumple dos años.
El recuerdo del hecho sigue siendo difícil para muchos que lo vivieron de cerca, mientras que el Estado continúa con su tónica de que el olvido es mejor para no tener que rendir cuentas por su responsabilidad.
El año pasado fue difundida la liberación del abuelo del menor tras una variación en el delito del que se le acusó. La Fiscalía General de Coahuila hizo lo que mejor sabe: simular que procura la justicia hasta que los reflectores mediáticos se pierden.
No se volvió a hablar de los antecedentes criminales de su familia y el pasado como ex policía estatal de su padre. Por el contrario, algunas publicaciones “periodísticas” sobre el tiroteo tomaron como rumor lo anterior al argumentar que la propia autoridad lo desmintió.
Sin duda la pandemia sirvió como una cortina de humo perfecta para que el caso quedara en el olvido oficial, pero no en las víctimas o los niños y adolescentes que vivieron de cerca el hecho.
La contención emocional de la que tanto se habló sigue siendo una incógnita pese a tratarse de un asunto de interés público. La Secretaría de Salud ha negado vía recursos de transparencia la existencia de información al respecto, pese a que en su momento sus autoridades y el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís externaron que vinieron expertos de Nuevo León e incluso había asesores de España.
La atención gubernamental que el Cervantes recibió fue de llamar la atención, pues en la historia reciente nunca habían manejado acciones de seguimiento emocional a las personas que vivieron momentos traumáticos por la violencia y vaya que hicieron falta durante al menos una década en que ocurrieron masacres en bares, quintas o balaceras en distintos puntos de la ciudad.
Resulta bastante cuestionable si tomamos en cuenta que dos meses antes del tiroteo una maestra fue asesinada en pleno desfile revolucionario en las inmediaciones de la Alameda Zaragoza.
Ahí cientos de niños y adolescentes presenciaron de forma directa o indirectamente el crimen, pero poco le importó al gobierno y bastó con que horas más tarde anunciaran la detención del responsable. Por cierto, de ese caso tampoco se ha hablado de una sentencia condenatoria.
A dos años de lo sucedido en el Colegio Cervantes parece poco importar. La pandemia sigue con los reflectores y como “prioridad” del gobierno estatal al menos en el discurso. La memoria del hecho es dolorosa y necesaria, pues pareciera que no hemos aprendido sobre cómo llegamos a eso.
