De un aproximado a 35 mil llamadas de auxilio por violencia familiar que se registraron durante el año pasado en el sistema de emergencias 911, sólo 2 mil 800 llegaron a un proceso de juicio en la Comarca Lagunera de Coahuila.
Otras llamadas obligaron a la promoción de carpetas de investigación en tanto que la mayoría fueron catalogadas como faltas administrativas, de acuerdo a información proporcionada por el magistrado presidente de la sala regional Torreón del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup.
La situación se percibe explosiva toda vez que en el entorno familiar y más aún en el tiempo de la pandemia, la violencia se desató con maltratos físicos y verbales y las personas más violentadas fueron las mujeres, las niñas y los niños y los adultos mayores. El magistrado acotó que después del narcomenudeo, que registró entre 7 a 8 mil casos, la violencia familiar se colocó en segundo lugar con casi 3 mil asuntos, seguida de delitos como el robo.
El lunes pasado las integrantes de la colectiva Madres Poderosas se reunieron en el Centro de Justicia Penal con Miguel Mery Ayup, con quien llegaron al acuerdo de convocar a una mesa de trabajo que se desarrollará el próximo 25 de abril a las 10 de la mañana en el hotel Crowne Plaza. La idea es reunir a las autoridades judiciales, de asistencia social y de la Secretaría de Salud, para brindar una atención integral a sus demandas.
El magistrado fue el que informó ante los trabajadores de medios de comunicación sobre dicho acuerdo, y aseguró que se le da seguimiento a cada uno de los asuntos jurídicos o legales que derivan de un feminicidio. Es decir, no sólo a los asuntos de carácter penal sino en cuanto a las atenciones psicológica, custodia y patria potestad, entre otros.
“Estamos pasando hacia la atención hacia las niñas y los niños que quedaron huérfanos de madre y que en esta circunstancia estamos atendiendo psicológicamente porque de veras que la realidad que viven los niños de las mujeres que han muerto a manos de sus parejas es una atrocidad, es un cambio de vida terrible que hay que atender en todos los términos para su sano desarrollo, para mejorar sus condiciones y para que puedan estar integrados a la sociedad”.
El magistrado explicó que incluso un menor a través de sus familiares, solicita el cambio del apellido paterno toda vez que fue testigo del brutal asesinato de su madre, lo que explica el por qué busca el cambio de identidad legal.
Sobre los niños y niñas que han quedado en orfandad, precisó que solamente de la colectiva Madres Poderosas suman 22 casos que refieren uno o más menores en esta condición, habiendo más víctimas que no se han amparado a una red de defensoras civiles.
De acuerdo a los datos que proporcionó durante el año 2021 se registraron 18 feminicidios en la región. En el 2020 se contabilizaron 22, en tanto que en el 2019 fueron 28 delitos, lo que confirma que las muertes violentas cometidas contra mujeres a manos de esposos, novios, yernos o amigos se incrementó durante la pandemia por la Covid-19.
Para estos casos Mery Ayup acotó que los juzgados especializados en violencia familiar han sido una respuesta del estado coahuilense, así como el registro de personas que han sido juzgadas por violencia que se traduce en lesiones que ponen en riesgo la vida o feminicidio en grado de tentativa.
Pese a las constantes quejas de las usuarias del Centro de Justicia para la Mujer, el magistrado comentó que se moderniza el sistema de justicia penal en materia de administración de justicia, lo que agregó, los pone a la vanguardia y mejora los tiempos de atención de los distintos asuntos.
Cuestionado sobre el anuncio de sentencias ejemplares para secuestradores, de 75 a 90 años de prisión, en tanto que para los feminicidios las penas son menores, dijo que el segundo también se castiga con alta penalidad, alcanzando hasta los 60 años.
“En mi administración, yo creo que la sentencia que menos años ha tenido en feminicidio no ha bajado de 40 años, yo mismo en esta sala dicté una sentencia a un joven que arrolló a su prometida y confirmé una sentencia en segunda instancia con 47 años y 6 meses. Quiero decirles que en Coahuila todas las sentencias que se han dictado han sido condenatorias por el tema de feminicidio o feminicidio en grado de tentativa que han puesto en riesgo la vida de las mujeres.
“Coahuila tiene sentencias ejemplares por más 180 años de prisión y también en el tema de feminicidio incluso la propia Ley Estatal en materia de Feminicidio supera la mayor penalidad que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces, sí tenemos una alta penalidad por el tema de secuestro y de feminicidio pero nunca y de ninguna manera hemos… quizá, a lo mejor a lo que usted se pueda referir pudiera ser un homicidio que a lo mejor en un supuesto tuvieron un acuerdo y en eso se le dio un tercio de la pena que se le pudo haber imputado, señalado, pero en tema de feminicidio los invito a que revisen cada uno de las penalidades que hemos impuesto como juzgadores y han sido superiores a los 40 años prácticamente.
El magistrado aceptó que en algunos casos se ha tenido que recatalogar el delito a través de recursos de apelación, en una segunda instancia y reitero que Coahuila es un estado feminista.
“Coahuila es un estado que ha dado ejemplo nacional con el tema de políticas públicas en el tema de impartición de justicia para poder erradicar la violencia en contra de las mujeres. No vamos a quitar el dedo del renglón, en los próximos días también voy a presentar toda una política en materia para los derechos para las niñas y los niños. Pasando la semana santa estaré con ustedes presentando toda una serie de políticas públicas van en favor de las niñas y los niños, como por ejemplo cómo poder atender el bullying porque se están dando casos que están llegando incluso a la fiscalía por los temas de los celulares, que han puesto en riesgo la vida de una niña y un niño por la depresión en la que han caído”.
Mery Ayup dijo que otro ejemplo es el de las pensiones alimenticias toda vez que aseveró, durante la pandemia se registraron más divorcios en la entidad.
“Segundo, lo que tiene que ver con los alimentos para las niñas y los niños; se está dando una situación mucho más alta de divorcios en el estado, superior a la del año pasado, consecuencias sin duda alguna del Covid pero hay que cuidar los derechos de las niñas y los niños a los alimentos. De cada cuatro niños de padres que se han separado, sólo uno recibe alimentos de su padre, son temas que importan al estado coahuilense y que tiene que tomar medidas, acciones, políticas públicas que garanticen el derecho a recibir alimentos en ese caso”.
En ese escenario el magistrado dijo que en la pandemia su oficina cerró solamente durante dos meses para ofrecer una justicia pronta y expedita: “No nos detuvimos porque había niñas y niños esperando alimentos y si hubiéramos cerrados un año como lo hicieron otro poderes judiciales en el país o el propio Poder Judicial, pues no hubieran recibido alimentos. Ahí es donde encuentras la justicia”.
En cuanto a los rezagos en la atención a denuncias de violencia contra las mujeres, hecho por el cual algunas se animan a denunciar ante medios de comunicación (lo que sin duda acelera los tiempos de atención al visibilizarse la situación) pero que luego son increpadas al llegar ante el juez quien le dice que no deben litigar en los medios, el magistrado presidente acotó que los juzgados especializados en violencia familiar han sido un espacio de acceso a la justicia para ellas.
“Le voy a dar los siguientes datos. En el 2019 solamente había mil 050 causas por violencia familiar en el estado. En el 2020 fueron mil 350, en el 2021 fueron 2 mil 800. ¿Qué pasó del 2020 al 2021? ¿Se desató la violencia familiar? No, la violencia familiar existiría exactamente al mismo nivel, el tema es que las mujeres pudieron denunciar ante un juzgado especializado. Ahí están recibiendo atención, la semana pasada estuve en el Centro de Justicia para la Mujer, y personalmente coordino todas las acciones para supervisar cómo está funcionando ministerio público, jueces, defensores, el Centro de Justicia, para que reciban una mejor atención y una mejor y mayor atención de manera profesional.
“¿Qué nos falta como instituciones? nos falta más presupuesto para tener más ministerios públicos, defensores y personal que ayude a atender esta carga tan grande que tenemos, porque creamos los juzgados con el mismo personal, no tengo más jueces, ¿pero qué tenía que hacer? Nos sentamos en la mesa todas las instituciones para tratar de coordinarnos en un fenómeno social que pudo habernos rebasado y pudo haber generado una alerta y en este esquema son políticas públicas que ayudan a que las mujeres tengan acceso a la justicia”.
Mery Ayup refirió que además el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís les otorgó 80 brazaletes duales que se imponen ahora a personas agresivas para poder geolocalizarlas. Con esta acción, aseguró, las mujeres han recibido en Coahuila más de 4 mil órdenes de restricción para que el violentador no se acerque a ellas y no tengan problemas.
